El tribunal superior de justicia de Madrid se posiciona con respecto a la discriminación indemnizatoria de los trabajadores interinos
La Sección Tercera de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se ha acogido a interpretación que vertía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su reciente sentencia de 14 de septiembre de 2016 sobre cuestiones prejudiciales sustanciada por el Tribunal español, determinando que efectivamente la normativa laboral nacional contraviene la europea en materia indemnizatoria con respecto a los trabajadores interinos.
“Habiendo efectuado el Tribunal Europeo la interpretación que se ha trascrito del precepto citado, hemos de estar a la misma y concluir que no se puede discriminar a la actora en cuanto a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa objetiva”.
Todo lo anterior tiene su origen en la demanda interpuesta por una trabajadora del Ministerio de Defensa que venía prestando servicios con un contrato de interinidad que se prolongó durante 7 años y dos meses, extinguiéndose el mismo sin indemnización con efectos del pasado día 30 de septiembre de 2012, una vez que se produjo el reingreso de la trabajadora sustituida (liberada sindical del Ministerio de defensa que se reincorpora como consecuencia de las medidas de recorte del número de liberados sindicales), ya que no está contemplada indemnización por fin de contrato para dicha modalidad contractual en la normativa española.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid apunta en la sentencia de 5 de octubre de 2016 que es indiscutible, en el caso objeto de debate, la igualdad en los términos de comparación respecto de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo, ya que el puesto de trabajo es único y son idénticos tanto la naturaleza del trabajo como los requisitos de formación, por lo que también han de serlo todas las condiciones laborales (entre ellas, la indemnización) de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre trabajadores de duración determinada.
Asimismo, el Tribunal Superior de Justicia considera que la causa extintiva del contrato de interinidad de la trabajadora ha finalizado por causa objetiva, en virtud del hecho totalmente impredecible de la entrada en vigor de una urgente reforma legislativa que cercenó drásticamente el número de liberados sindicales en el sector público, si bien no lo considera dato relevante a efectos de la resolución del litigio. Lo relevante para el Tribunal estriba en que de no tener un contrato de interinidad la extinción del contrato de la trabajadora, en atención a sus circunstancias, habría determinado al menos un derecho indemnizatorio de 20 días de salario por año de servicio si en la empresa se produjera un exceso de personal desde la perspectiva de la productividad mercantil.
En atención a lo expuesto, no parece que el fallo de la sentencia se pueda extrapolar al resto de contratos temporales, debiendo ser cautelosos y esperar otros pronunciamientos en la materia.
Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, Madrid. Título de Letrado Asesor de Empresas por la misma Universidad. Diploma en Derecho de las Comunidades Europeas
Licenciado/Grado en Geografía e Historia por la UNED.
Desde septiembre de 2010 es miembro de MAZARS TAX & LEGAL en condición de Socio Internacional e igualmente de Socio Responsable del Departamento de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio.
Reconocimientos del Departamento de Derecho Público, Administrativo y Regulatorio de MAZARS al haber sido galardonado por las publicaciones internacionales Corporate INTL en sus 2014, 2016 y 2018 Global Awards; The Lawyer International -Legal 100- en sus 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Global Awards; M&A Today en sus 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 Global Awards; Global 100 en sus 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 Awards; Corporate USA Today en sus 2017, 2018 y 2019 Annual Awards; Global Venture en sus 2018 y 2019 Annual Awards; y Corporate America Today en sus 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023 Annual Awards; como Mid-Market “ADMINISTRATIVE LAW FIRM OF THE YEAR IN SPAIN”, y por la publicación Acquisition International Magazine en sus 2018 Global Excellence Awards como “MOST INFLUENTIAL ADMINISTRATIVE & REGULATORY LAWYER 2018-SPAIN”.
Especialista igualmente en DERECHO CONSTITUCIONAL y en DERECHO ELECTORAL.
EXPERTO PARA LA UNIÓN EUROPEA nombrado por el COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO en materias de contratación pública.
Presidente de la COMISIÓN DE GARANTÍAS DEL COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL.
Miembro del extinto Consejo de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid en calidad de Experto en la materia designado por el Pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid.
ÁRBITRO DE LA CORTE DE ARBITRAJE DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID en las especialidades de Derecho Administrativo y Urbanismo y de Derecho Electoral.
Miembro en calidad de Socio colaborador de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.
Miembro del COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID desde el año 1992.
AUTOR de diversos trabajos de investigación y de distintos artículos sobre materias relacionadas con el Derecho Público, Administrativo, Regulatorio y Electoral, publicados en prensa y revistas jurídicas especializadas.
CONFERENCIANTE en diversos foros y cursos sobre distintas materias.
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