El Parlamento Europeo aprueba la protección de los denunciantes
En el mes de abril de 2019, el Parlamento Europeo ha dado un paso importantísimo para proteger a los denunciantes (whistlelowers) mediante la aprobación por una amplia mayoría (591 votos a favor, 29 en contra y 33 abstenciones) de la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
La nueva norma establece elementos esenciales para establecer un sistema que garantice la protección para los denunciantes mediante el fortalecimiento legal y protección a represalias debido a la importancia que requiere para la Unión Europea el conocimiento de casos de corrupción, negligencias u otro tipo de acciones ilegales tanto de carácter público como privado.
Para ello, la Directiva exige la aplicación de medidas preventivas por parte de las autoridades públicas, empresas privadas y reguladores con el objetivo de ofrecer un elevado nivel de protección a los denunciantes, permitiendo que los hechos denunciados sean investigados con todas las garantías necesarias.
Estas medidas preventivas se basan principalmente en:
- Establecimiento de un sistema de denuncias seguro y confidencialidad dentro de las entidades (obligatorio en empresas con más de 50 empleados o en municipios con más de diez mil habitantes) eficaz y eficiente
- Fomento del uso de cauces o canales internos en la organización antes de recurrir a cauces externos (establecidos por los poderes públicos)
- Establecimiento de medidas de protección para todos aquellos denunciantes que informen sobre asuntos relacionados con las compras públicas, los servicios financieros, el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, la seguridad del transporte, la protección ambiental, la seguridad nuclear, la seguridad alimentaria, la salud de los animales, la salud pública, la protección a los consumidores, la protección y la seguridad de los datos y sistemas de información, y las regulaciones tributarias e intereses financieros de la UE. El texto acordado recoge importantes medidas de protección como la exención de responsabilidad por quebrantar las restricciones en materia de divulgación de información impuestas por contrato o por ley. La directiva también incluye la lista de todas las medidas de apoyo que se establecen a favor de los denunciantes.
- Obligaciones de información para los poderes públicos y las empresas: las organizaciones dispondrán de un plazo de tres meses para informar al denunciante y tramitar las denuncias
La Directiva en cambio no establece algunas cuestiones de índole importante como puede ser las restricciones en la protección de los denunciantes ante el reporte de información a los medios de comunicación, o el acceso a información “siempre que dicha adquisición o acceso no constituya un delito autónomo”, así como la no obligatoriedad por parte de los Estados miembros a establecer canales de denuncia anónimas.
Es licenciado en Economía con especialización en Banca y Finanzas, Certificado CRMA (Certification in Risk Management Assurance) y acreditado por el SEPBLAC para actuar como Experto Externo.
