Newsletter Procesal IV
El sistema procesal español está viviendo una transformación profunda, impulsada por reformas normativas y giros jurisprudenciales que buscan modernizar la justicia, aumentar su eficiencia y garantizar la tutela judicial efectiva. Descarga la newsletter de Procesal IV de Forvis Mazars España, en ella repasamos: la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), las nuevas regulaciones en materia de movilidad y seguros y las recientes sentencias del Tribunal Supremo, entre otros temas de actualidad.
Newsletter Procesal: MASC y su impacto en la práctica procesal
Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, los MASC se han convertido en un requisito previo para iniciar procedimientos judiciales. Esta medida pretende reducir la litigiosidad y fomentar la cultura del diálogo. Sin embargo, su aplicación práctica genera tensiones con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).
La jurisprudencia procesal reciente, como el Auto 48/2025 de la Audiencia Provincial de Alicante, ha corregido inadmisiones por falta de acreditación del intento de acuerdo extrajudicial, reconociendo la validez de medios tecnológicos como el correo electrónico certificado. En la misma línea, la Audiencia Provincial de Madrid (octubre de 2025) revocó la inadmisión de una demanda de divorcio por ausencia de MASC, subrayando que este requisito no puede convertirse en una barrera formalista.
En la práctica procesal, los MASC exigen mayor implicación de las partes y transparencia en la fase preprocesal. El demandante debe precisar sus pretensiones y el demandado asumir que su postura condicionará el procedimiento posterior. No obstante, esta exigencia añade carga a la Administración, que debe verificar el cumplimiento del requisito, lo que podría generar dilaciones. La clave de este punto está en una interpretación flexible que evite convertir el diálogo previo en un obstáculo para el acceso a la justicia.
Normativa procesal y sostenibilidad
En el ámbito normativo, destaca la Ley 5/2025, que adapta el seguro obligatorio de circulación a la Directiva (UE) 2021/2118. Esta reforma amplía la definición de «vehículo a motor» para incluir patinetes eléctricos y otros medios antes excluidos, imponiendo la obligación de aseguramiento desde enero de 2026. Este cambio tiene implicaciones procesales en reclamaciones por responsabilidad civil y cobertura de siniestros.
Por otro lado, el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible y el Real Decreto 810/2025 sobre el Fondo Español de Desarrollo Sostenible (FEDES) evidencian la apuesta estratégica por la sostenibilidad y la cohesión territorial. La movilidad se reconoce como derecho colectivo, vinculado a otros derechos constitucionales, y se introducen mecanismos de gobernanza multinivel, digitalización y criterios socioambientales en infraestructuras, alineados con la Agenda 2030.
Jurisprudencia procesal: giros doctrinales del Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha protagonizado varios cambios relevantes en su doctrina procesal:
- Plazo para la acción de error judicial: La Sentencia 894/2025 califica el plazo de tres meses como sustantivo y de caducidad, computado de fecha a fecha sin excluir días inhábiles ni agosto.
- Control judicial sobre calificaciones registrales: La Sentencia 1213/2025 redefine el alcance del juicio verbal del art. 328 LH, permitiendo plena jurisdicción y nueva prueba, consolidando un modelo de control judicial robusto.
- Acceso al algoritmo: La Sentencia 1119/2025 reconoce que el derecho de acceso a la información pública incluye programas informáticos que inciden en decisiones administrativas, reforzando la transparencia en la era digital.
- Fin de la doctrina del «doble tiro»: La Sentencia 1201/2025 limita la potestad de la Administración para reiterar liquidaciones anuladas, estableciendo que solo puede dictar un segundo acto corrector, en aras de la seguridad jurídica y la buena administración.
Estas reformas y pronunciamientos reflejan una justicia en transición hacia modelos más ágiles, sostenibles y transparentes. El reto procesal es equilibrar eficiencia y garantías, evitando que los mecanismos diseñados para mejorar el sistema se conviertan en nuevas fuentes de litigio o inseguridad jurídica.
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